Aprovechando el término latino que definía en el antiguo Imperio Romano la extenuante carrera jalonada de innumerables y arriesgadas pruebas que había de recorrer un ciudadano para ascender en la jerarquía militar, me gustaría desde estas líneas poner de manifiesto el sinfín de los, muchas veces infranqueables, obstáculos a los que debe enfrentarse un opositor/a a los Cuerpos de Enseñanza que, tal y como se están poniendo las cosas, lo convierten en tarea más impracticable casi que poner una pica en Flandes para los antiguos tercios castellanos.
Y es que el traspaso de las competencias del Ministerio a las respectivas Consejerías de Educación autonómicas (finalizado el año 2000, exceptuando las provincias de Ceuta y Melilla) que habría de haber multiplicado las opciones de los/as opositores/as al fraccionar el sempiterno examen bianual (un año de Primaria y otro para Secundaria, Formación Profesional y otras enseñanzas) en tantos procesos selectivos como comunidades autónomas, paradójicamente ha acabado recortándolas al coincidir las fechas de celebración en todas las circunscripciones (excepto las bilingües) de forma que si antes se podía optar a una plaza en todo el territorio nacional, ahora se reduce sólo a las ofertadas por la comunidad en la que se haya decidido presentar.
Sin embargo, la obligatoriedad de realizar las pruebas de selección una vez finalizado el curso escolar para no entorpecer la labor docente de los profesionales en activo que integrarán los Tribunales, alegato medianamente plausible de las instituciones educativas, además de perjudicar a los opositores/as, encona también las expectativas del propio profesorado que participará en estas pruebas, al restarles tiempo estival a pesar de ser remunerados de forma extraordinaria.
Resulta incomprensible que, si lo que se desea es no obstaculizar la enseñanza al alumnado a pesar de ocupar el periodo no lectivo de un docente, se desdeñen para realizar estas pruebas otros periodos como el mes de septiembre o las vacaciones de Semana Santa, que podrían combinarse entre las diferentes comunidades para ofrecer a los opositores/as mayores posibilidades de rentabilizar el esfuerzo y sacrificio invertido que la actual “lotería” de probar suerte cada dos años.
En esta línea, las comunidades bilingües han demostrado que pueden convocarse procesos selectivos a los diferentes niveles de forma anual, como prueba que Cataluña, Baleares, Galicia o la Comunidad Valenciana convocaran en 2007 Secundaria mientras las demás optaban por Primaria y este año vuelvan a ofertar plazas para impartir clases en institutos.
Por eso sería de agradecer que las autonomías sólo castellano-parlantes rompieran una lanza por sus diplomados y licenciados, para intentar equilibrar la imposibilidad de éstos para presentarse a las convocatorias “bilingües”, alternando la celebración de las pruebas en los niveles educativos, de forma que cada año hubiera pruebas selectivas aunque fuera en diferentes demarcaciones territoriales.
Del mismo modo, a pesar del esfuerzo de la Administración central por encauzar las archiconocidas Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) facilitando la relación del ciudadano con las instituciones, parece cuando menos sorprendente que la mayoría de los organismos educativos autonómicos se ciñan sólo a publicar en Internet las convocatorias de oposición y los resultados definitivos.
De esta forma, una vez iniciadas las pruebas, que en muchas ocasiones obligan a acudir varias veces (redacción de la teoría, lectura de la misma frente al Tribunal y presentación de la programación didáctica), el/la opositor/a no podrá consultar por Internet las citaciones del Tribunal, debiendo someterse al calvario diario de acercarse al colegio donde ha sido convocado si no dispone de ninguna amistad que le avise de la fecha, ya que el personal administrativo de estos centros escolares no reconocen entre sus atribuciones laborales la competencia de informar sobre los procesos selectivos y en las consejerías sólo divulgarán el resultado final del proceso.
Así, algo tan sencillo como colgar en Internet las fechas y el listado de las personas que deben acudir a él en el mismo momento en que esta información se coloca en el tablón de anuncios del colegio que las realiza, ayudaría a los/as opositores/as, sobre todo a aquellos/as que deben desplazarse desde otra localidad o ausentarse de su puesto de trabajo, demostrando la verdadera utilidad de las nuevas tecnologías y garantizando la igualdad de oportunidades a cualquier ciudadano/a sea cual sea su procedencia como establece la Constitución española.
Y es que, queramos o no, las convocatorias de los procesos selectivos tal y como se plantean a día de hoy resultan un verdadero chollo para los organismos educativos que los convocan si tenemos en cuenta:
1) El progresivo incremento de la precariedad laboral que empuja cada vez a más gente a intentar alcanzar una soñada plaza vitalicia al margen de la posible vocación docente que puedan ostentar.
2) La celebración bianual de estos procesos que multiplica exponencialmente el número de opositores/es que sufragan las tasas en varias comunidades, esperanzados con la casi utópica no coincidencia de fechas.
3) La oportuna nula mención en las, por otro lado, muy detalladas bases de las convocatorias de la posibilidad de reclamar la devolución del importe de las tasas abonadas, si el opositor no pudiera acudir por causas ajenas a su voluntad (como la coincidencia de fechas con otro proceso selectivo) que sin embargo sí se especifican en las leyes de tasas y precios de las respetivas comunidades autónomas.
4) La infinidad de pequeños obstáculos que deben sortear los opositores/as (todos ellos eliminatorios) que incrementan sustancialmente la diferencia entre el número de solicitantes y la cantidad verdadera de personas que consigue al menos presentarse a todas las pruebas.
Como muestra un botón dice el refrán, así que si os habéis sentido identificados con alguna o todas las circunstancias comentadas, os emplazo a un nuevo capítulo.
